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LA
SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO |
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Resumen El espacio público urbano es un lugar clave que genera ciudadanía e interacción
social; sin embargo, el modelo de ciudad actual caracterizado por la
fragmentación espacial y social, favorece la aparición de la inseguridad
objetiva o subjetiva. Numerosos factores contribuyen a la percepción de la seguridad subjetiva,
como la pertenencia a un grupo determinado y la exclusión de otros.
En este sentido, analizaremos la situación de la población inmigrante
frente a otros grupos en algunos barrios madrileños. Expondremos soluciones preventivas de
mejora de la seguridad, como políticas públicas, estrategias urbanas
adecuadas y principios para un adecuado diseño del espacio urbano. Palabras clave: espacio público, ciudadanía,
seguridad, diseño urbano. Artículo: El espacio público de la ciudad es un
lugar clave donde generar ciudadanía, y dar sentido a la vida urbana.
La intensidad de su uso social, y también su valor simbólico, puede
aumentar la interacción entre las personas, la mejora de su autoestima
y su reconocimiento social. Las calles y plazas se constituyen en
lugares que hacen posible la libertad de conductas, la diversidad de
situaciones, las relaciones y la construcción de una percepción colectiva.
Los espacios colectivos destacan por su capacidad de reforzar las identidades
de los distintos grupos de la sociedad (de edad, de género, culturales,
étnicos, etc.), logrando que éstos se identifiquen con los elementos
materiales y simbólicos del entorno, y lleguen a una integración global
en la ciudad al conseguir una mayor visibilidad, favoreciendo también
una mayor cohesión social. Estos espacios comunes, también deben
cumplir otras funciones para el ciudadano, permitiendo en ellos la expresión
de los movimientos sociales y fomentando valores universales como los
derechos humanos, las libertades y la solidaridad. Para que todos estos valores puedan ser
reales, es preciso un adecuado diseño y uso de estos lugares comunes
de la ciudad, y en relación a esto, garantizar que sean lugares seguros.
Hablar de la seguridad en el espacio público
supone diferenciar varios conceptos para comprender el alcance de este
término que definimos a continuación, basándonos en la publicación editada
por el Gobierno de Chile “Espacios urbanos seguros. Recomendaciones
de diseño y gestión comunitaria” [1]. La seguridad ciudadana objetiva es el conjunto de sistemas de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos
ante los riesgos o amenazas provocados por distintos factores. Está
vinculada tanto a factores sociales de respeto a la vida, la integridad
física y patrimonio de los otros, como al libre ejercicio de las libertades,
económicas, políticas y sociales necesarias para el normal funcionamiento
de la sociedad y la comunidad. En el ámbito de las políticas de reducción de la delincuencia, suele dársele
un sentido más acotado: ausencia de delincuencia y de temor a ella.
Se restringe así a las amenazas a las personas y los bienes derivadas
de la actividad delictiva. La seguridad ciudadana subjetiva, es la sensación de temor que tiene un individuo ante riesgos que puedan ocasionarse
en un futuro que es incierto. Genera arquetipos, roles, expectativas
y estigmatizaciones respecto al tema de la seguridad. La delincuencia hace referencia a los actos penados por ley, realizados por una persona o por un grupo de personas,
que causan algún daño físico o psíquico a otras personas, sus derechos,
sus bienes o a la comunidad, de manera injusta e ilegítima. El temor
a la delincuencia es un sentimiento de las personas que se relaciona
con la probabilidad que ellas creen que existe de ser víctimas de un
delito. Y por último, el conflicto representa la incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos o afectos entre individuos
y grupos. Dos o más partes perciben que tienen intereses divergentes
o enfrentados y así lo expresan. Se denomina también violencia urbana
de baja intensidad, algunos ejemplos son los ruidos molestos, el abandono
de residuos, los desperfectos voluntarios del mobiliario urbano, la
intimidación a los usuarios, etc. Como explicaremos más en profundidad al final de este artículo, la planificación
y diseño del espacio público, es un factor importantísimo para reducir
ciertos tipos de delitos y la percepción del temor. Existe una relación
directa entre autor motivado, víctima accesible y espacio urbano con
características ambientales propicias para la actividad delictiva. El modelo urbano actual en relación a la seguridad del espacio público La ciudad actual se caracteriza por una
fragmentación espacial y social, es decir, se halla divida en zonas
muy marcadas que responden a diferentes funciones, acompañado también
por una segregación social evidente. Para profundizar más en este modelo
de desarrollo urbano en relación a sus posibles consecuencias frente
a la seguridad, queremos caracterizar dos de sus componentes: las áreas
residenciales cerradas y la privatización del espacio público. Las conocidas como comunidades cerradas, son aquellas áreas de vivienda normalmente
situadas en la periferia de la ciudad, que se caracterizan por tener
unos límites físicos muy fuertes; a menudo son enclaves cerrados con
muros o vallas, que se aíslan totalmente de lo que les rodea, y vierten
su vida exclusiva al interior, ignorando deliberadamente a los barrios
anexos, normalmente de clases más bajas. Se han expandido en el urbanismo actual debido a varios motivos. Fundamentalmente
surgen debido al deseo de conseguir cierta homogeneidad social, incluso
llevada al límite de la exclusividad; se busca tener un control de las
relaciones cotidianas que hace buscar un lugar físico que lo facilite,
y permita estar suficientemente separado del resto de grupos sociales.
En relación a esta barrera multidimensional creada, se intenta justificar
que en este tipo de urbanizaciones la seguridad es mucho mayor que en
otras zonas de la ciudad, debido a las medidas extremas de vigilancia
ofrecidas por un sistema privado. Normalmente estas áreas quedan asociadas a conceptos como la limpieza, los
valores familiares, el ambiente próximo a la naturaleza, la tranquilidad,
etc. Sin embargo, muchas veces están situadas en entornos que no tienen
nada que ver con los aspectos positivos de vivir en un pueblo, y no
se tienen en cuenta otros factores como el estrés que suponen los largos
desplazamientos por autopistas suburbanas. El incremento de este tipo de zonas residenciales viene acompañado por el
debilitamiento del espacio público en las actuales políticas urbanas.
Cada vez más, las calles antes públicas, se desplazan hacia el interior
de los centros comerciales, de un modo semejante al que ocurre con los
parques y las calles del interior de las comunidades cerradas, convirtiéndose
así en privadas. Y los lugares que sí permanecen abiertos, son diseñados
en gran medida como zonas destinadas al consumo, o espacios residuales
de paso incómodos al uso. Para ello se utilizan recursos como la cubrición
homogénea con pavimento duro (a menudo granito en las intervenciones
madrileñas), inexistencia de arbolado o zonas verdes, e inclusive carencia
de bancos o sustitución de los mismos por sillas individuales y aisladas
que no se caracterizan por su funcionalidad. Analizando la privatización desde una escala mayor, podemos afirmar que estratégicamente
la ciudad actual se divide en fragmentos inaccesibles, ya sea física,
social o económicamente, y deja de pensarse desde el ciudadano, quedando
supeditada al mercado y a la
competitividad económica entre las ciudades. “La sobrevaloración de las áreas de
centralidad ligadas a las actividades de la globalización (sedes de
grandes empresas, turismo, centros comerciales, parques tecnológicos,
etc.) en detrimento de las centralidades tradicionales”. [2] Las consecuencias que tiene este modelo
de desarrollo urbano basado en la segregación para los habitantes de
las ciudades son numerosas, y muchas de ellas están relacionadas con
la seguridad. La polarización de la sociedad puede ser
directamente la causa de la generación de violencia y de conflictos,
ya que facilita que los ciudadanos se consideren pertenecientes a un
grupo y excluyan a los otros. Este sentimiento puede surgir debido a
la división física de la ciudad, llevado a su extremo en el caso de
las comunidades cerradas, entorno a las cuales pueden existir barrios
populares llenos de problemas y se generen finalmente situaciones de
violencia entre ambas zonas, a pesar de haber sido vendidas inicialmente
como lugares muy seguros. En este arte de crear fronteras en la
ciudad mediante su ordenación urbana, que a su vez influyen de manera
determinante en la seguridad subjetiva, obviamente juega un papel muy
importante el marketing. Se explota comercialmente el concepto de miedo,
aprovechando que es subjetivo, difuso e incontrolado por definición,
y de esta forma la seguridad privada se convierte en un complemento
más que es vendido por las promociones inmobiliarias. Por otro lado,
los medios de comunicación muchas veces son un buen aliado para seguir
comercializando el temor y contribuir al imaginario colectivo que acaba
estigmatizando no sólo a ciertos colectivos, sino a barrios enteros. La organización del espacio en recintos
aislados, limita la interacción social y aumenta el individualismo así
como el conformismo de las personas. Se reduce nuestro ámbito de vida,
lo que resalta las diferencias existentes, ya sean económicas, sociales,
raciales o culturales, creando barreras y falsos miedos. Disminuye el
número de espacios en los que nos movemos, y por ello el individuo deja
de sentir las ventajas de la ciudad como lugar con igualdad de derechos
y oportunidades, donde se genera una identidad común. La privatización del espacio público es
un factor de ruptura de la cohesión social, ya que limita el acceso
al mismo a un grupo reducido que cuenta con los recursos suficientes,
y deja fuera a los colectivos que seguramente más necesiten de su uso,
como pueden ser las mujeres, los niños, los pobres o los inmigrantes.
En consecuencia, este hecho deriva peligrosamente en la invisibilización
de una gran parte de la población, mostrando una ciudad inexistente
creada como escenario perfecto, que oculta los verdaderos problemas. “La ciudad es vista como un casillero perfectamente ordenado por precios y
tipologías en la que cada individuo (consumidor) encontrará el nicho
adecuado. Una ciudad así ordenada genera dos efectos perversos: el incremento
de los precios y la destrucción del sentido de ciudadanía” [3]
Esta imagen poco real de ciudad es exactamente
la que se quiere vender mediante campañas publicitarias, organización
de eventos deportivos, creación de espacios proyectados para la “arquitectura
espectáculo”, etc. Se trata de crear lugares “exclusivos” desarrollados
por intereses corporativos, que finalmente en vez de diferenciar, crean
lugares similares en todas partes, como grandes centros comerciales,
sedes empresariales o campos de golf. Se crean zonas que atraen al capital,
frente al declive de otros barrios menos visibles donde surge la exclusión
social y no hay inversión ni regeneración posible. Esto ahonda aún más
en el resquebrajamiento de las comunidades locales, y en la imposibilidad
de tener espacios de participación o de representación colectiva que
impulsen pequeñas transformaciones para mejorar las áreas más vulnerables. Seguridad subjetiva e inmigración Las funciones más importantes de la ciudad
podrían agruparse en dos principios principales; en primer lugar hay
que garantizar seguridades en todas las dimensiones (económicas, sociales,
legales, urbanas), potenciando las libertades de todos en cada uno de
los campos. Y en segundo lugar, hay que promover la diversidad y la
organización social, potenciando la vida ciudadana colectiva. A veces la libertad otorgada viene acompañada
por el temor a perder los bienes y servicios adquiridos, más aún cuando
el modelo económico actual viene acompañado del fomento de la precariedad
y por tanto los riesgos aumentan. Refiriéndonos ahora exclusivamente al
temor a la delincuencia, vamos a enumerar algunos de los factores que
influyen en la creación de la percepción de la inseguridad. Pueden ser
más objetivos, como las características sociodemográficas de la persona
(sexo, edad, clase social, lugar de residencia), o las condiciones ambientales,
en las cuales influye la visibilidad, la iluminación, el estado de conservación,
el que sea una zona transitada, etc. O al contrario, pueden ser factores
subjetivos, que son los que influirían en la percepción sobre el propio
riesgo personal, como la información sobre delitos y víctimas ofrecida
por los medios de comunicación o por las personas del entorno, o la
confianza en los cuerpos de seguridad del Estado. Dentro de estos elementos subjetivos,
se encuentra como antes ha sido mencionado, el sentimiento de pertenencia
a un grupo y la exclusión de los otros, que suele ir ligado a un espacio
físico. Nos parece interesante desarrollar un poco más esta idea con
el ejemplo de la población inmigrante en Madrid, que ha aumentado rápidamente
en los últimos años aunque se ha estancado ante la actual situación
de recesión económica, concentrándose especialmente en barrios que se
encuentran en condiciones degradadas o en remodelación. Debido a la presencia de este colectivo,
hay que resaltar que no ha habido un aumento de la inseguridad, pero
sí un aumento de la percepción de inseguridad y la aparición de algunos
conflictos de convivencia en general ligados al espacio público, como
actitudes poco cívicas, enfrentamientos por el uso de algunas plazas
o espacios deportivos, ruido excesivo, etc. El aumento de la percepción de la inseguridad de los residentes autóctonos
del barrio viene ligado a la desconfianza que les generan los nuevos
vecinos, debido principalmente al desconocimiento de los mismos, a las
diferencias socioculturales y educativas, a la barrera idiomática, etc.
También a las imágenes ofrecidas por los medios de comunicación, muchas
veces poco ajustadas a la realidad. En cierto modo, se crea una situación de quiebra de las redes sociales existentes,
a las que suma la aparición de otras redes inmigrantes, por lo cual
es necesario comenzar un proceso de elaboración de una nueva identidad
del barrio. Este hecho, unido a los problemas históricos de estos barrios
degradados que han quedado sin resolver, puede debilitar la cohesión
social. Frente a esto, el reto sería conseguir la integración entre ambos grupos.
Algunas de las dificultades para lograrlo son la falta de mecanismos
de inserción al ser una inmigración de primera generación, el desconocimiento
del idioma ligado a las menores oportunidades de encontrar empleo y
aumentar la formación, el machismo en determinados casos, y las políticas
existentes sobre inmigración. Éstas determinan las condiciones laborales,
los permisos de residencia y los derechos, constituyendo a menudo una
barrera infranqueable también entre el colectivo de españoles y el de
extranjeros. Nos
separa nuestra memoria del barrio, nuestro momento de llegada a él,
lo que significa para nosotros, el bagaje que trajimos a nuestra llegada,
los tipos de relaciones que mantenemos con nuestros lugares de origen,
las territorialidades, en muchos casos transnacionales, que creamos
a partir de ahí. Nos separa también, de un modo probablemente muy distinto,
los dispositivos territoriales de frontera, apoyados en la ley de extranjería
y en las normativas europeas sobre migraciones, que generan lo que llamamos
“fronteras internas”, estableciendo distintas clases de “vecinos” con
distintos derechos al barrio, la ciudad, el trabajo, la ciudadanía.
Nos separa, además, la percepción de que esa división entre categorías
de “vecinos” y “ciudadanos” tiene sentido porque da cuentas de diferencias
entre (maneras de ver el) mundo(s) y, por lo tanto, nos protege de la
catástrofe. Es decir: si los dispositivos fronterizos tienen legitimidad,
si son aceptados, es porque interiorizamos líneas divisorias entre un
“nosotros” y un “ellos” que justificarían que “ellos” (“los otros”)
sean objeto de políticas específicas. Nos separa, por último, sin duda,
una nueva forma de gubernamentalidad que, en lugar de tratar la diferencia
como problema que hay que eliminar, toma las diferencias como elementos
de una nueva tecnología de gobierno que genera desigualdad, desconfianza
y rivalidad”. Débora Ávila y Marta
Malo, 2007. [4] Dentro de las vías existentes para posibilitar la integración entre los colectivos
de distinta nacionalidad queremos destacar aquellas que están en relación
con el espacio público. Ser vecino de un mismo espacio no conlleva directamente formar parte de una
misma comunidad, sino que los barrios se convierten en una mezcla de
territorios que pertenecen a unos y a otros de una manera dinámica con
los movimientos de la población. A veces los límites son líneas subjetivas
existentes dentro de la mentalidad de cada uno que hay que tratar de
modificar. La ocupación del espacio público es un pilar fundamental en la creación o
en el aumento de la interculturalidad, facilitando el contacto entre
los diferentes grupos y la revitalización de los barrios. Especialmente
cuando está dirigida a niños y jóvenes, permite crear espacios de integración
y socialización, creando una nueva identidad. Estrategia y diseño de espacios públicos seguros Para promover y mejorar la seguridad en
un espacio, se puede optar por dos vías. Por un lado nos encontramos
con las soluciones represivas y de control, socialmente peligrosas,
por ser a menudo injustas e ineficientes, ya que pueden excitar la agresividad
de los teóricamente "protegidos". Por otro lado existen las
soluciones preventivas, que tratan de abordar el problema de la seguridad
desde un punto de vista integral, de manera local, y a través de propuestas
participadas; esta estrategia es la que se desarrolla a continuación. Las políticas públicas preventivas tienen
una especial relevancia a la hora de crear un ambiente de seguridad,
pudiendo clasificarlas en dos tipos. El primero se refiere a políticas
que actúan frente a las problemáticas sociales, económicas y culturales
que tienen una incidencia más o menos directa sobre la violencia urbana.
Por ejemplo: promoción del empleo, la educación y la cultura, programas
contra la pobreza, apoyo a la integración sociocultural de minorías
étnicas, innovación en las políticas de inmigración, etc. En el segundo
grupo se encontrarían las políticas urbanas destinadas a crear o regenerar
espacios públicos y equipamientos, entornos físicos y sociales que tengan
efectos preventivos o integradores. Con el desarrollo de estas estrategias
preventivas, se intenta cubrir un campo mucho más amplio que la simple
respuesta a los hechos violentos o delictivos, sea para evitarlos o
reprimirlos. Son políticas locales que atribuyen gran importancia a
la participación ciudadana de los colectivos vecinales y de las organizaciones
sociales. De esta forma, pueden responder de manera integral a los problemas
locales, al estar diseñadas desde un diagnóstico participativo de la
comunidad. En relación a aquellas políticas que van
dirigidas a la creación de espacios y mejora del entorno, queremos señalar
en primer lugar, aquellas directrices en las que deben basarse, para
después describir algunos criterios más concretos respecto al diseño.
Los espacios más seguros son los que llamamos
democráticos, que pueden serlo a dos niveles. Por un lado nos estamos
refiriendo a la distribución equitativa de la ciudad que garantice los
derechos de todos sus habitantes, definiendo así un estilo de urbanismo
no violento. Esto conlleva a que los equipamientos, servicios e infraestructuras
se dispongan de una manera justa en las diferentes áreas de la ciudad
con mezcla de usos, así como que se desarrollen políticas adecuadas
de vivienda que combinen diferentes tipologías. Por otro lado un espacio público es considerado
democrático, cuando posibilita que las personas puedan mezclarse e interactuar,
y sea accesible y representativo. Más allá de su valor físico, también
son portadores de identidad cultural y muchas veces tienen un carácter
simbólico que contribuye a la estabilidad de la vida social. Complementando
a estos espacios, deberían estar los equipamientos de proximidad, como
centros cívicos, casas de cultura u otros edificios que permitan la
participación del ciudadano. Es importante que estos espacios constituyan
una red continua en la ciudad que sea integradora y aumente la apropiación
de los ciudadanos de su entorno. Relacionada con la consecución de los
espacios públicos seguros que hemos descrito, aparece la prevención
de la violencia mediante el diseño del espacio urbano. El objetivo de
esta estrategia es disminuir la probabilidad de que ocurran delitos,
e incrementar la sensación de seguridad mediante la modificación del
diseño de variables ambientales. Para ello, se plantea la creación de espacios
democráticos, con diversidad de funciones y de usuarios, por tanto,
que favorezca la mezcla social y de uso (vivienda con comercio, oficinas
y equipamientos), y por ello aumente la vitalidad urbana. También puede
interesar el impulso de iniciativas de animación cultural, de formación,
y atracción de actividades que creen empleo y que en general beneficien
a los grupos más vulnerables. De esta forma, la continuidad de uso y
la presencia de la gente, garantiza la seguridad. Para lograrlo, los
espacios públicos deberían corresponder a trayectos agradables y que
permitan su utilización a todo tipo de personas y de grupos, asumiendo
que hay veces que es necesario reconciliar o regular intereses o actividades
contradictorias. Para lograr un adecuado diseño de estos espacios, es
fundamental que participe la ciudadanía en todo el proceso. Esta estrategia de prevención de la delincuencia
mediante el diseño ambiental, teoría conocida genéricamente como CPTED
(Crime Prevention Through Environmental Design), surge en los años 60,
siendo formulada por el criminólogo R. Jeffery, y enfocada posteriormente
de una manera más concreta por el arquitecto Oscar Newman en 1972. Ambos
desarrollaron manuales a seguir, que fueron completados con el paso
de los años, y que actualmente se utilizan dentro de iniciativas integrales
de prevención de delincuencia en muchos países. La estrategia CPTED, se basa en los principios
que desarrollamos a continuación. Respecto a los parámetros físicos, resulta esencial promover la vigilancia
natural protagonizada por los propios usuarios, que consiste en tener
la posibilidad de ver y ser visto. La alta visibilidad de un lugar aumenta
el control sobre éste y disminuye la probabilidad de que ocurran delitos.
En relación a esto, se debe fomentar también el control natural de accesos
al espacio, una adecuada iluminación y un buen estado de conservación
del espacio. Y por último, hay que diseñar y planificar barrios a una
escala adecuada, en los que el ciudadano sienta que puede controlar
su espacio. Si hablamos de parámetros sociales, es primordial fomentar la participación
y responsabilidad de la comunidad, involucrándola en la recuperación
y diseño del espacio, para así reforzar la identidad con el espacio
público. Mediante la confianza y colaboración entre los vecinos, aumenta
la confianza mutua y el sentimiento de pertenencia con su entorno, lo
que favorece el control social. Por último, es muy importante administrar
adecuadamente los espacios públicos mediante programas municipales y
actividades comunitarias que deleguen parte de la responsabilidad en
los ciudadanos. El análisis de estos parámetros descritos
debe ser realizado por un equipo en el que participe la comunidad local,
tras haber realizado un diagnóstico general adecuado, en el que se haya
definido la situación de la inseguridad, caracterizando el problema
delictivo y la percepción de temor. Para realizar este proceso, existen varias
herramientas de consulta comunitaria como los talleres de diagnóstico
de seguridad ciudadana, las marchas exploratorias de seguridad, las
entrevistas estructuradas o semiestructuradas, los grupos focales, o
las encuestas de temor y victimización. Otros instrumentos útiles son
las guías de diseño, la observación directa, o la representación mediante
mapas de inseguridad.
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